enviar cartas en tarragona

Lo que no se celebró

Lo que el 11 comenzó el trece casi se va al traste

Han pasado cinco años.

Cinco años desde el inicio del confinamiento por COVID.

No sólo eso, un par de días antes del Dia H se inauguró sendITi.  Cuatro años ya…

No se comentó porque no había gran cosa que celebrar. Dos días más tarde comenzó el viacrucis de la pandemia y su confinamiento.

Ese confinamiento, ese COVID, trajo una serie de protocolos de trabajo (no vamos a entrar en su acierto o fracaso) que provocaron más de un dolor de cabeza. Aun colean.

En nuestro caso, en mi caso, al ser “servicio esencial” -así nos catalogaron- teníamos (casi) la obligación de ir a trabajar al tener status de Transporte.

No podíamos tener contacto con la gente. Seguramente pensarás que no es necesario el contacto, en llegando a los buzones está solucionado.

¿Y las cartas certificadas?

Muchos organismos continuaban en activo. Principalmente los referentes a Hacienda y Recaudación. Esos no perdonan. Las notificaciones judiciales también debían llegar a destino.

¿Solución? Gel a mansalva, guantes y mascarillas a tutti pleni. Toallitas para las pantallas de los terminales fue el siguiente paso. Antes se preparó un invento para evitar que se tuviese que firmar minimizando la posibilidad de contacto.

Debido, o no tan debido, a las prisas y poca previsión se usaron no pocas mascarillas defectuosas que no garantizaban estar a salvo de un posible contagio por contacto.

Tanto es así que muchos carteros se negaban a su entrega y los que si lo hacían, hacíamos, debíamos reseñar que no había firma manuscrita de recepción por parte del destinatario con la fórmula: «Firma no exigida covid-19» en la que el propio cartero era el que lo escribía.

Ahora puede que todas esas notificaciones no firmadas sean inválidas y se puedan reclamar. En realidad, a fecha de hoy ya no se podría reclamar puesto que ese derecho caducaba el pasado mes de marzo del 2024.

Te cuento esto para que se vea como un simple caso de sobornos y corrupciones en la compra de unas mascarillas puede dar al traste con quien sabe cuantos asuntos judiciales.

Unos confinados en casa mientras otros se llenaban los bolsillos con los dineros de los contribuyentes en la compra de materiales no aptos.

Eso sin tener en cuenta la cantidad de expedientes, de toda índole, que quizá deban ser revisados


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